El daño social de la corrupción: el crimen no paga

En 2008, junto con mi colega y amiga Mariel Fitz Patrick, emprendimos un proyecto para Transparency International, mediante su Programa de Convenciones Anticorrupción de las Américas, que consistió en registrar algunas experiencias exitosas de la articulación entre sociedad civil y gobiernos en la lucha contra la corrupción utilizando las convenciones internacionales.

Uno de los casos elegidos fue en Costa Rica. En ese país caribeño, a partir de los escándalos de corrupción que involucraron a dos ex presidentes, la Procuraduría de Ética Pública decidió en junio del 2006 impulsar reclamos económicos como una forma de compensar el “daño social” causado a la ciudadanía por esos hechos de corrupción. Se trató de sumas millonarias que los imputados deberán pagar en caso de que sean condenados en los juicios iniciados por el Ministerio Público.

En ese momento elegimos el caso por lo novedoso de la figura del “daño social” que, incorporada al Código Penal de este país en 1998, es única en Latinoamérica y hasta ahora nunca había sido utilizada. Se trata de un resarcimiento económico que los responsables de un delito de corrupción deben pagar de su bolsillo como una forma de reparar el perjuicio generado a la sociedad, una vez que son condenados.

Hoy tuvimos la buena noticia de que la empresa Alcatel -involucrada en los escádalos- admitió que sus funcionarios cometieron actos de corrupción y, por ello, pagará 10 millones de dólares al Estado costarricense en concepto de daño social. Si el Tribunal homóloga el acuerdo al que llegó con la Procuraduría General de la República, los recursos se enviarán a la caja única del Ministerio de Hacienda y podrán ser ejecutados en planes sociales como forma de compensar a la sociedad por el daño causado por la corrupción estatal.

Pero a pesar de este arreglo, la Procuraduría General de la República mantendrá el reclamo de $52 millones contra otros siete imputados en el caso ICE-Alcatel con quienes no ha conciliado.

Esto constituye un excelente pronósticos para la lucha contra la corrupción. Sobre todo, luego de que el año pasado el Tribunal sólo le concediera $639.981 en concepto de daño social a los 89 millones que pedía la Procuraduría en otro de los casos que involucran a los ex presidentes de Costa Rica.

Vale aclarar que todo esto pudo tomar estado público gracias, también, a la prensa que investigó los casos profunda y sostenidamente. Ernesto Rivera (periodista argentino residente en Costa Rica) y Giannina Segnini, ambos del diario La Nación de Costa Rica, llevaron adelante esta investigación durante seis meses lo que les valió varios premios internacionales, entre ellos el Premio de investigación periodística de IPYS - TILAC.

¡Felicitaciones a Gilbert Calderón y sus fiscales!